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Desde el año 2010, en el que se reformó el Código Penal de 1995 a través de la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas pueden ostentar responsabilidad penal a consecuencia de la concurrencia de determinados delitos.


Cuando se habla de persona jurídica, hablamos de cualquier ente exceptuando las administraciones públicas o el estado, en la concurrencia de delitos de carácter económico, tales como: estafa, insolvencias punibles, publicidad engañosa, defraudaciones, etc.

Recientemente se produjo el cierre repentino de la cadena de clínicas Funnydent que  operaba fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y Barcelona, lo que ha ocasionado un claro perjuicio a todos sus clientes pues recordemos que estos ya habían  financiado o abonado íntegramente sus tratamientos.


La citada clínica operaba a través de dos sociedades Dental Salud 2012, S.L. y Catalunya Dental 2014, S.L., en las clínicas de Madrid y Barcelona.
Los clientes asistían a estas para solicitar presupuesto, y una vez eran aceptadas las condiciones del tratamiento, en la mayoría de los casos, estos solicitaban financiación que proporcionaba la entidad financiera colaboradora con Funnydent.

El artículo 1597 del Código Civil establece la acción directa del subcontratista, que consiste fundamentalmente en el derecho de éste a dirigirse contra el dueño de la obra, hasta el límite de las cantidades que éste adeude al contratista principal en el momento de la reclamación.


Como es habitual en el ámbito de la construcción, el promotor y/o constructor a fin de acometer la construcción de inmuebles subcontratan los diferentes trabajos a ejecutar a distintas empresas (subcontratas), por ejemplo; carpintería, fontanería, cerrajería, etc.

En reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en enero de 2016, se entra a conocer del procedimiento en el que una trabajadora suscribió varios contratos concatenados de naturaleza temporal durante un largo periodo de tiempo con su empleador.


Con motivo de ello, ésta, presentó la correspondiente demanda judicial con el fin de pretender que dicha relación temporal, se transformase en una relación de carácter indefinido.


Recibida la demanda, la empresa procedió al despido de la trabajadora fundamentando el mismo en causas de carácter disciplinario.

En multitud de contratos hipotecarios suscritos con entidades financieras se hacía constar una clausula denominada como “cláusula de interés variable”, en cuyo contenido se establecía una acotación mínima o también llamada suelo.


Con la inclusión de dicha condición (en la mayoría de ocasiones fijada entre el 3 % y el 5 %), las entidades financieras se garantizaban que en el supuesto en el que el EURIBOR bajase de manera notable, esto no afectase al interés aplicable, estableciéndose una limite mínimo entre ese 3% y 5%.